viernes, 11 de enero de 2008

La locura urbanística del nuevo PGOU de Villarrobledo

Según informan los medios locales, el Ayuntamiento de Villarrobledo (Albacete), está elaborando un nuevo Plan General de Ordenación Urbanística que contempla la construcción de unas 3000 nuevas viviendas. Esas viviendas servirían, según el Ayuntamiento, para cubrir las necesidades derivadas del crecimiento de la población en el municipio, pues estiman que dicha población alcanzará los 30.000 habitantes.

Esas son las informaciones del Ayuntamiento y sus justificaciones. Pero a nosostros nos parece que o bien se han vuelto locos o bien sencillamente pretenden engañarnos (lo cual, por desgracia, es más probable). Nos explicaremos.

Según las fuentes del INE, la población de Villarrobledo era a fines de 2006 de casi 25.500 personas. Según el censo de 2001, entonces había 22.725 habitantes. Y el número de hogares era de 7.243. Es decir, el crecimiento en los últimos cinco años, pese a la llegada de población inmigrante, no llegó a los 3.000 nuevos vecinos. Pese a que el gobierno y las estadísticas dicen que la afluencia de inmigrantes se está ralentizando y que el crecimiento demográfico ya no es tan elevado, para el Ayuntamiento la población crecerá aproximadamente en 5.000 personas en los próximos años. Lo que no explican, evidentemente, es cómo hacen esas estimaciones.

Por otra parte, si dividimos los habitantes entre el número de hogares, la cuenta nos sale, aproximadamente, a 3 personas por hogar. Todo el que vive en Villarrobledo sabe que viviendas vacías, “de sobra”, las hay y no pocas precisamente. Pero si nos atenemos estrictamente a la estadística, las futuras 3.000 viviendas debieran albergar a aproximadamente unos 9.000 nuevos vecinos, casi el doble de los previstos por los munícipes.

Si las cuentas no cuadran, si ya hay pisos “de sobra”, vacíos, y si se están en estos momentos construyendo numerosas viviendas, ¿Cuál es la verdadera razón de esa locura constructora en el nuevo PGOU? Para nosotros es clara: la especulación inmobiliaria, sostenida en este país principalmente por los gobiernos municipales, con el beneplácito de los poderes del estado (todos, incluídos los judiciales) y que beneficia principalmente a las constructoras e inmobiliarias que se enriquecen a costa de los ciudadanos y de la degradación de nuestras condiciones de vida (incluidas las medioambientales).

Las excusas de la necesidad de viviendas no valen. En todo el Estado hay viviendas vacías y sin embargo los ciudadanos no pueden acceder a ellas (pese a ser un derecho reconocido por la sacrosanta y tan cacareada Constitución). La solución no es construir nuevas viviendas, sino poder habitar las que ya existen. Pero para eso, en lugar de tantos “planes”, lo que hay que hacer es acabar con los especuladores y con los gobiernos que protegen sus intereses.

DC-L