Barreda, el presidente de Castilla-La Mancha, propuso en el pleno de las Cortes regionales un “Pacto por la Vivienda”. Ese “pacto”, al que quiere sumar a “todos los agentes sociales y económicos” (lo que quiere decir a la patronal y a los sindicatos lacayos CC.OO. y UGT), se concretaría básicamente en una medida: la creación de una nueva tipología de viviendas denominada de «iniciativa público-privada» (VIPP, hasta el nombre da grima), con unas medidas y costes estipulados. También se aprobó, con el apoyo del PP, la ley de creación de la Empresa Pública de Gestión del Suelo de Castilla-La Mancha, que se encargará de “poner suelo a disposición” de promotores públicos y privados.
En realidad se trata de asegurar los beneficios a los especuladores inmobiliarios y a los patronos del sector. ¿Cómo? Con el dinero público, el de todos. Barreda se compromete a garantizarles el negocio a esos mafiosos que se forran a costa de una necesidad básica de todos. Para ello, la Junta garantizará la financiación de las obras a los promotores y les asegurará la venta, pues si no las compran particulares, lo hará la misma Junta. Es decir, pase lo que pase, los promotores obtendrán el beneficio. ¿No era que bajo el capitalismo el mercado era libre? Parece que el neoliberalismo no es igual para todos. Para los trabajadores, para que paguemos lo que los estafadores y especuladores pidan, sí que es libre el mercado. Para los patronos, cuando ya no ganan lo mismo que antes, cuando bajan sus beneficios y muchos cierran esos chiringuitos que llaman empresas (pero sin perder ni un euro, que los únicos que pierden son los despedidos, los empresarios ya se han encargado de “llevárselo calentito”), para ellos la intervención estatal sí es una medida a considerar.
La excusa es la “crisis del sector”. Y, lo más vergonzoso, se utiliza a los trabajadores, diciendo que servirá para mantener los puestos de trabajo en la construcción y las industrias asociadas. ¿Qué puestos? Los sin contrato (ni cotizaciones, ni prestaciones); los por obra que nunca hacen estable; los que obligan a hacer todas las horas extras que quiera el empresario (y ya veremos si las paga y a cuanto); los que despiden y vuelven después a contratar en lugar de dar vacaciones; los que no se gastan un céntimo en seguridad, porque les da igual que se mueran los trabajadores (para eso hay parados);… Pero en eso la Junta no se mete: ahí que actúe el libre mercado. La inspección de trabajo está de adorno.
El “líder” castellano-manchego se atrevió a argumentar que hay 40.000 personas que demandan una vivienda. Lo que no cuenta es la cantidad de viviendas vacías que hay (bastantes más de las necesarias), y que están vacías porque lo importante para los propietarios es especular para mantener los precios por las nubes. Y que su “pacto” lo que hará es mantener altos los precios, y garantizarle los beneficios a los especuladores. Y salvarle el culo a los bancos y cajas de ahorro que han estado financiando todo el chanchullo del ladrillo.
Que el PP regional haya aplaudido la medida no es de extrañar. Ni que haya apoyado la ley que regalará patrimonio de todos (el suelo) para que se enriquezcan unos pocos y, encima, deterioren aún más el penoso medioambiente en el que vivimos. Se vuelve a demostrar que son los mismos perros con distinto collar.
Además, se oculta información (o se miente). En los próximos años (en la actual legislatura) no se tenía prevista la construcción de 50.000 viviendas en Castilla-La Mancha. Puede verse al respecto el informe que realizó Ecologistas en Acción (“Urbanismo y depredación del territorio en Castilla-La Mancha”, puede leerse en http://www.ecologistasenaccion.org/spip.php?article7743). En realidad eso es prácticamente lo que se está construyendo anualmente (alrededor de 45.000 viviendas anuales en 2004-2005). Conforme a los proyectos en marcha, se van a construir al menos 700.000 viviendas.
La pregunta es: ¿para qué también las VIPP? En eso no entra el gobierno regional. Que haya más viviendas de las necesarias y que sin embargo los proletarios no podamos acceder a ellas, no es asunto suyo. Lo suyo es sólo regalarle nuestro dinero (el de todos nosotros) a los empresarios. Para ellos trabajan.
En realidad se trata de asegurar los beneficios a los especuladores inmobiliarios y a los patronos del sector. ¿Cómo? Con el dinero público, el de todos. Barreda se compromete a garantizarles el negocio a esos mafiosos que se forran a costa de una necesidad básica de todos. Para ello, la Junta garantizará la financiación de las obras a los promotores y les asegurará la venta, pues si no las compran particulares, lo hará la misma Junta. Es decir, pase lo que pase, los promotores obtendrán el beneficio. ¿No era que bajo el capitalismo el mercado era libre? Parece que el neoliberalismo no es igual para todos. Para los trabajadores, para que paguemos lo que los estafadores y especuladores pidan, sí que es libre el mercado. Para los patronos, cuando ya no ganan lo mismo que antes, cuando bajan sus beneficios y muchos cierran esos chiringuitos que llaman empresas (pero sin perder ni un euro, que los únicos que pierden son los despedidos, los empresarios ya se han encargado de “llevárselo calentito”), para ellos la intervención estatal sí es una medida a considerar.
La excusa es la “crisis del sector”. Y, lo más vergonzoso, se utiliza a los trabajadores, diciendo que servirá para mantener los puestos de trabajo en la construcción y las industrias asociadas. ¿Qué puestos? Los sin contrato (ni cotizaciones, ni prestaciones); los por obra que nunca hacen estable; los que obligan a hacer todas las horas extras que quiera el empresario (y ya veremos si las paga y a cuanto); los que despiden y vuelven después a contratar en lugar de dar vacaciones; los que no se gastan un céntimo en seguridad, porque les da igual que se mueran los trabajadores (para eso hay parados);… Pero en eso la Junta no se mete: ahí que actúe el libre mercado. La inspección de trabajo está de adorno.
El “líder” castellano-manchego se atrevió a argumentar que hay 40.000 personas que demandan una vivienda. Lo que no cuenta es la cantidad de viviendas vacías que hay (bastantes más de las necesarias), y que están vacías porque lo importante para los propietarios es especular para mantener los precios por las nubes. Y que su “pacto” lo que hará es mantener altos los precios, y garantizarle los beneficios a los especuladores. Y salvarle el culo a los bancos y cajas de ahorro que han estado financiando todo el chanchullo del ladrillo.
Que el PP regional haya aplaudido la medida no es de extrañar. Ni que haya apoyado la ley que regalará patrimonio de todos (el suelo) para que se enriquezcan unos pocos y, encima, deterioren aún más el penoso medioambiente en el que vivimos. Se vuelve a demostrar que son los mismos perros con distinto collar.
Además, se oculta información (o se miente). En los próximos años (en la actual legislatura) no se tenía prevista la construcción de 50.000 viviendas en Castilla-La Mancha. Puede verse al respecto el informe que realizó Ecologistas en Acción (“Urbanismo y depredación del territorio en Castilla-La Mancha”, puede leerse en http://www.ecologistasenaccion.org/spip.php?article7743). En realidad eso es prácticamente lo que se está construyendo anualmente (alrededor de 45.000 viviendas anuales en 2004-2005). Conforme a los proyectos en marcha, se van a construir al menos 700.000 viviendas.
La pregunta es: ¿para qué también las VIPP? En eso no entra el gobierno regional. Que haya más viviendas de las necesarias y que sin embargo los proletarios no podamos acceder a ellas, no es asunto suyo. Lo suyo es sólo regalarle nuestro dinero (el de todos nosotros) a los empresarios. Para ellos trabajan.
